Un nuevo capítulo de las continuas embestidas del antichavismo desde la Asamblea Nacional (AN) contra los demás poderes públicos ha tenido lugar este miércoles 5 de abril. La fracción opositora con mayoría en el parlamento venezolano aprobó la activación de un "proceso de remoción" de los Magistrados de la Sala Constitucional (SC) del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), "por su responsabilidad en la ruptura del orden constitucional".
Asimismo, acordaron emplazar
a la Fiscalía General Luisa Ortega Díaz para tramitar una solicitud hecha el
pasado viernes donde le solicitan investigar los posibles "delitos
perpetrados" por los representantes de la SC del TSJ.
Luego de sesionar para
declarar una "ruptura del orden constitucional" y la
"permanencia de un golpe de Estado" en Venezuela, el parlamento
refrendó por medio de un acto administrativo que en Venezuela existe un
"golpe de Estado continuado" y que "los autores materiales son
los magistrados de la Sala Constitucional". Los magistrados señalados de
infringir la Constitución son Calixto Ortega, Luis Damiani, Lourdes Suárez,
Juan José Mendoza, Arcadio Delgado, Carmen Zuleta de Merchán y Gladys
Gutiérrez.
Consideraciones
del caso
En desacato y nulidad: Sin
lugar a dudas este es por defecto otro nuevo despropósito jurídico marcado la
tensión que desea imponerle a Venezuela los actores del golpe. En ese plan las
instituciones son también espacio de confrontación. Hay que entender que esto
se trata de una escalada política, teniendo claro que durante más de un año de
manera intermitente y de manera continua desde junio de 2016, los actos del
parlamento se encuentran en situación de nulidad, por desacato a sentencias del
TSJ.
Dos tercios: La impugnación
del proceso electoral del 6 de diciembre de 2015 en Amazonas, restó al
parlamento 4 curules. 3 adjudicados a la MUD y 1 al chavismo, antes de la
impugnación. El antichavismo no cuenta actualmente con los dos tercios de
mayoría en el parlamento.
La Constitución venezolana
es explícita en ese sentido. El Artículo 265 señala de manera textual:
"Los magistrados o magistradas del Tribunal Supremo de Justicia podrán ser
removidos o removidas por la Asamblea Nacional mediante una mayoría calificada
de las dos terceras partes de sus integrantes, previa audiencia concedida al
interesado o interesada, en caso de faltas graves ya calificadas por el Poder
Ciudadano, en los términos que la ley establezca".
Sin faltas calificadas por
el Poder Ciudadano: Diputados de la MUD han enviado una comunicación al
Ministerio Público solicitando investigar a los magistrados señalados. Han
dicho también que consignaron esa solicitud a la figura que hoy preside el
Poder Ciudadano, Tareck William Saab, pero este ha negado haberla recibido.
En este sentido e invocando
lo estipulado en el artículo 265, debe producirse una calificación de
"falta grave" por el Poder Ciudadano para que las destituciones por
vía parlamentaria tengan lugar. El día 4 de abril el TSJ en un comunicado, conminó
al parlamento a detener sus actos espurios, señalando que es necesaria "la
concurrencia de dos de las ramas del Poder Público para proceder a la remoción
de los Magistrados y Magistradas del TSJ, previo procedimiento de calificación
de falta grave por parte del Poder Ciudadano", que no ha otorgado esta
calificación negativa en ninguna de sus ramas.
El llamado "Golpe
continuado": El Impasse resuelto por el Jefe de Estado venezolano, Nicolás
Maduro, instrumentando el Consejo de Seguridad de la Nación como fórmula para
resolver situaciones que vulneren la seguridad integral nacional, es visto
todavía para la AN como la persistencia de un "golpe continuado",
aunque ya no existan los dictámenes del TSJ sobre los cuales se sustenta dicha
afirmación. Pero lo importante en este momento no es la justificación jurídica,
sino la estrategia de choque institucional y golpe parlamentario (sin éxito,
otra vez) para agudizar la tensión mediática e internacional.
La
trama del conflicto
A todas luces a la Asamblea
Nacional venezolana le faltan recursos político-institucionales para hacer
efectiva la destitución en pleno de la Sala Constitucional del TSJ, con un
altísimo riesgo de quedar nuevamente descolocada de la zona de strike,
agudizando su pérdida de credibilidad y capacidad de hacer efectivas sus
promesas. En las condiciones actuales es imposible que está acción se
desarrolla hasta sus últimas consecuencias. El mentado acto administrativo
tendrá el destino de sencillamente no proceder. Lo que debemos observar serán
las reacciones de los factores políticos en choque.
Dicho de otra manera: el
parlamento en desacato tiene más que claro que sus acuerdos alcanzados el 5 de
abril no procederán administrativamente, lo que parece colocar la sesión en el
hemiciclo como un tramo más en un contexto de aceleración de la confrontación,
aumento del calor en el termómetro político nacional y un argumento-base para
la actuación de la OEA desde el extranjero, también intentando superar su falta
de credibilidad y nulidad de la su última sesión ilegal.
La trama de deslegitimación
y asalto a los poderes e instituciones de la República adquiere una nueva
variante, continúa y se acelera. No hay que desvincularla de dos situaciones de
contexto:
• En el ámbito interno, la promoción del enfrentamiento, la
violencia y los choques, patrocinados por la derecha que intenta capturar los
espacios en la calle con poca presencia, pero si con muchas cámaras, actos de
violencia y promoción desproporcionada y manipulada. El empuje institucional de
la violencia que se quiere instalar en la calle.
• En el ámbito externo los claros actos injerencistas desde la
OEA, quienes deben contar con la situación de estallido total interno para
emplear estos eventos de manera instrumental y detonar mecanismos de presión e
intimidación que apunten a doblegar a las instituciones venezolanas no
subordinadas a la agenda de Washington.